Las protestas ciudadanas llegan a Eslovenia

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Maribor, Kranj, Ljubljana: por primera vez desde el verano de 1991, la violencia ha regresado a las calles de Eslovenia. Pero esta vez, el adversario no son las fuerzas armadas yugoslavas, sino las propias fuerza de seguridad eslovenas. La otrora república más rica de la federación, es ahora un miembro en la periferia de la UE, al borde del rescate. La ciudadanía se rebela contra las medidas de austeridad y la corrupción.

Carlos González Villa, 11 de diciembre, 2012

Si hay un lugar en Europa a día de hoy en el se que están poniendo a prueba los límites de los sistemas políticos de la periferia del continente, ese es Eslovenia. A la crisis económica y financiera se ha sumado una crisis política sin precedentes en la pequeña república, que se tiene en estos días su mayor síntoma en las manifestaciones de las últimos semanas, las cuales se han saldado con decenas de heridos y más de cien detenidos. Las protestas ya han provocado la dimisión del alcalde de Maribor, que se hará efectiva el 31 de diciembre, y  son el referente sobre el cual girará la vida política del país en los próximos meses.

Los precedentes inmediatos de las protestas no son exclusivos del caso esloveno. Como en otros países, siendo la suya una economía altamente dependiente del sector exterior, Eslovenia se ha visto afectada por la disminución de la actividad en sus principales socios comerciales en Europa occidental. De la misma forma, no deja de ser susceptible de aplicar las recetas económicas que se experimentan en otros lugares. Para cumplir con los objetivos de déficit, el gobierno ha venido recortando el gasto en todas las partidas presupuestarias, incluyendo las de sanidad, educación y una fuerte disminución del gasto en nóminas de empleados públicos a través de despidos y reducciones salariales, así como recortes en pensiones. La política de austeridad del gobierno ha contribuido a que las previsiones de la OCDE sobre la economía eslovena para 2013 incluyan una nueva recesión (se prevé un retroceso del 2,1% del PIB, el segundo peor de Europa solo por detrás del de Grecia. Con el argumento de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, se está intentando elevar la edad de jubilación hasta los 65 años, al mismo tiempo que se constituye un “banco malo” que gestione los activos tóxicos de la banca eslovena, que ascienden a unos 6.500 millones de euros (aproximadamente el 18% del PIB esloveno)

Buena parte de la población eslovena juzga la actuación de la banca y las principales constructoras como irresponsable, y no comprende por qué tiene que hacerse cargo de sus desmanes mediante recortes y rescates bancarios. A su vez, observa las consecuencias en el empobrecimiento de de las clases bajas y la progresiva desaparición de las clases medias forjadas desde los tiempos de la Yugoslavia socialista.

Las recientes manifestaciones son una consecuencia de esta situación, y supone uno de los síntomas de que el régimen político del que se dotaron los eslovenos hace veinte años está al borde del colapso. La sensación de injusticia, la corrupción y la propia dinámica política han provocado el hartazgo de la población. Se trata de una crisis de confianza y legitimidad que ha terminado por generar dos reacciones, que no por antagónicas dejan de reflejar una misma situación. Una de ellas, la apatía, se puso de manifiesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del 2 de diciembre pasado, en las que solo participó el 40% del censo electoral. El presidente electo, Borut Pahor, procedente del Partido Social Demócrata, fue apoyado por el 28% de los votantes registrados

La otra reacción ha sido la de las movilizaciones. No es de extrañar que, tomando en cuenta sus causas, el arranque de las actuales protestas haya estallado en Maribor, donde el alcalde saliente, el conservador Franc Kangler, enfrentaba varios casos de corrupción, al mismo tiempo que manejaba los hilos a su alcance para encontrar acomodo en la cámara alta del legislador esloveno. Las protestas se extendieron rápidamente por diversos puntos de la geografía eslovena, incluida Ljubljana, en donde los casos de corrupción también amenazan la posición del alcalde, Zoran Janković, que también controla al partido mayoritario en el parlamento nacional. A ellos, al igual que a los principales miembros del gobierno – sobre todo Janša y el ministro del interior Vinko Gorenak – e incluso el recién electo presidente, se les dedica el mismo lema que movilizó a quienes salieron a las calles para derrocar a Slobodan Milošević en octubre 2000: “Gotovi so“: están acabados. Para las convocatorias se han creado grupos de la red social Facebook, como el dedicado a Kangler

Las protestas carecen, por el momento, de una agenda que explicite el alcance de sus demandas. La semana pasada se fue más allá de la rabia hacia la clase política, y con una manifestación frente al parlamento, con estudiantes y profesores procedentes de diversos puntos del país, se consiguió que en los presupuestos que en ese momento se debatían no se recortaran los fondos para universidades e investigación. En estas circunstancias, el hábil Janša intenta sacar partido. Tras criminalizar a los manifestantes, intenta llevar la iniciativa con la propuesta de un plan para reformar el sistema político. Éste pasa por retirar privilegios a los políticos retirados, introducir la revocabilidad de los mandatos, la reforma del sistema judicial y la eliminación de aquellas instituciones y agencias que no existan en otros Estados miembros de la UE.

A nivel institucional, pocos cambios pueden esperarse a corto plazo a pesar de que figuras relevantes, como el alcalde de Koper, hayan declarado que el siguiente en caer será el propio Janša. Frente a esto, el primer ministro intenta establecer un diálogo con todos los partidos parlamentarios en torno a su propuesta de reforma, lo cual podría ahondar más en la división entre los cargos públicos y la calle. En cualquier caso, el diálogo se llevará a cabo con el propio Janša al frente, que en el frente interno del pentapartido parece tener la situación bajo control.

Una de las cuestiones que no se incluye en la reforma de Janša es la del tratamiento que tendrán los referéndums en adelante, en un momento en el que esa figura empieza a ser motivo de disputa. Las consultas a la ciudadanía tienen una gran importancia simbólica en Eslovenia, en donde el referéndum de independencia celebrado en diciembre de 1990 es toda una institución nacional (el 26 de diciembre, día en que se proclamaron los resultados de la consulta realizada el 23, es jornada festiva nacional). Desde entonces, se han realizado quince (15) consultas sobre temas tan relevantes como la adhesión a la OTAN y la UE, la extensión del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo y, el año pasado, sobre el incremento de la edad de jubilación, rechazado por el 75% de los votantes.

En esa ocasión, Janša utilizó la consulta para desestabilizar a la coalición socialdemócrata y hoy, cuando se vuelve a plantear una consulta sobre esa materia, y otro sobre la creación de un “banco malo”, el gobierno intenta aprobar una reforma constitucional que limite las consultas a temas que no tengan que ver con las finanzas públicas. Mientras la reforma se tramita, el ejecutivo ya se encargó de llevar al tribunal constitucional las solicitudes, emitidas por los sindicatos. Los referéndums han pasado de ser el símbolo de la democracia eslovena a, como afirma el propio ministro de finanzas, Janez Šusteršič, “una amenaza real” a la economía del país en tanto podría crear incertidumbres en los mercados y provocar un rescate que, a su juicio, no es inevitable.

La problemática eslovena, aún con sus particularidades, no es ajena a la crisis de la periferia europea. En el fondo, se trata de asumir que la discusión política debe ir más allá del socorrido “no hay alternativa”. La negación de la diferencia de criterios y de las alternativas en torno a las cuestiones políticas no elimina el problema. En la situación actual, supone la imposición de un modelo económico neoliberal, progresivamente vinculado a unos sistemas democráticos cada vez más dirigidos. En ellos, la participación y el enfrentamiento de las ideas están siendo sustituidos por la imposición de las políticas de los tecnócratas, para cuya implementación se requiere la pasividad o la represión de la contestación. En la periferia europea es una constante, en la actualidad, que toda contestación a esas políticas sea respondida criminalizando y reprimiendo a los contestatarios, mientras se alaba la actitud de los ciudadanos pasivos. Ello no deja de ser grave cuando las recetas económicas a las que los contestatarios se oponen llevaron a la ruina a América Latina y abocan a Europa -y no solo a la periferia- a una nueva recesión.

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