Gotovina absuelto, La Haya a Proceso

Veteranos de guerra celebran el regreso del general Gotovina a Zagreb. Según testigos presenciales, la multitud en la plaza Ban Jelačić era mayor que la que saludó el final de la guerra. Han pasado diecisiete años desde entonces, Croacia está a punto de entrar en la Unión Europea, y el TPI demuestra, una vez más, que no es capaz de contribuir a pacificación de algunos conflictos. Sencillamente, añade más leña al fuego.

GOTOVINA ABSUELTO, LA HAYA A PROCESO

Alfredo Sasso y Carlos González Villa

Ante Gotovina, ex-general del Ejercito Croata, ha sido absuelto por la Corte de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), tras el análisis de su implicación en los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas croatas en el marco de la “Operación Tormenta”, de agosto de 1995. La decisión de produce después de que en abril de 2011 hubiera sido condenado en primera instancia a 24 años de cárcel junto a su homólogo, el general Mladen Markač, que también ha sido absuelto. La decisión los exonera de pertenecer a una “asociación criminal conjunta” y les retira las imputaciones de persecución, deportación, asesinato, destrucción arbitraria, saqueo, tratos crueles y otros actos inhumanos.

Gotovina fue el general encargado de las operaciones del Ejército croata cuando se llevó a cabo la “Operación Tormenta”, que tenía como objetivo retomar el control de la Krajina, la región en territorio croata con capital Knin, que permanecía bajo ocupación de la República Serbia de Krajina desde 1991. El operativo se produjo conjuntamente con el Ejercito de Bosnia-Herzegovina, pero también gracias a la asesoría y al apoyo informativo, logístico y militar garantizado a las fuerzas croatas por Estados Unidos, determinantes en éxito de la ofensiva. La operación fue rapidísima, puesto que en solo 84 horas el ejercito croata recuperó el control de la región. El coste humano, según datos de Naciones Unidas, no fue menos destacable: entre 150.000 y 200.000 serbios de Krajina abandonaron la región. De ellos, al menos 20.000 habrían sido víctimas directas de deportación forzada y, según diversas fuentes, centenares de civiles fueron asesinados (677, según un informe del Comité Helsinki Croata)

En la plaza Ban Jelačić de Zagreb se concentraron miles de personas para celebrar la absolución de Gotovina y esperar a su llegada esta misma tarde. Sin embargo, lo que quizás sorprende más no es tanto la previsible euforia de parte de la población, sino el entusiasmo de las instituciones, hoy en mano a los socialdemócratas. El primer ministro Milanović ha felicitado la decisión del Tribunal. “Es evidente que los dos hombres eran inocentes, esto no quiere decir que la guerra no haya sido sangrienta y que no haya habido errores, sin embargo es responsable el Estado, no los generales Markač y Gotovina. […] El Estado cumplirá sus obligaciones con la justicia. Gracias a Gotovina y a Markač por haber resistido por Croacia”, ha afirmado Milanović, cuyas palabras muestran cierta ambigüedad y vaguedad sobre las responsabilidades individual, política y colectiva. En un sentido similar se expresó el presidente Ivo Josipović.

Por parte de las instituciones serbias, la reacción es obviamente contraria. Según el presidente Tomislav Nikolić, el TPIY ha tomado una decisión “no legal, sino política” que “reabrirá antiguas heridas entre Serbia y Croacia”. Tras la sentencia, el gobierno serbio ha anunciado que limitará a un nivel meramente “técnico” la cooperación con el TPIY. Declaraciones muy críticas en contra de la sentencia del TPIY han llegado también del ex-presidente Boris Tadić (…) y de varios exponentes de la política y de la sociedad civil

El fallo de la Corte de Apelaciones llega en un momento clave para Croacia. A menos de ocho meses para su ingreso en la Unión Europea, la decisión puede ser utilizada para conjurar las contradicciones de la política de ampliación en los Balcanes. La “Operación Tormenta” fue algo más que una operación militar. La acción es hoy uno de los mitos fundacionales del Estado croata y, en consecuencia, Gotovina es considerado un verdadero héroe por muchos ciudadanos. El cinco de agosto de cada año se celebra el Día de la Victoria y de la Acción de Gracias y Día de los Defensores de Croacia.

En virtud de  este fallo judicial, los líderes croatas podrán seguir presumiendo de haber cumplido con las exigencias de justicia internacional, a pesar de no haber colaborado con el TPIY cuando este más lo requirió. A partir de 1998, el país empezó a sufrir una cierta presión internacional por su negativa a exigir a Gotovina – entonces inspector general de las Fuerzas Armadas de la República de Croacia – acudir a La Haya a declarar, tal y como exigía la fiscalía internacional. La situación no cambió en 2000, cuando fue cesado de su cargo. A partir de 2001, cuando Gotovina era ya un prófugo de la justicia internacional, el gobierno croata, como mínimo, no facilitó la tarea de que Interpol diera con su paradero. Desde que el general fuera detenido en Tenerife, en diciembre de 2005, su figura ha sido tratada cual si fuera un mártir, generando de paso todo un espectacular merchandising conmemorativo.

Al menos desde el punto de vista institucional, la UE puede estar tranquila, pues ya es posible ofrecer un relato digerible sobre todo lo que ha rodeado a la trayectoria de Croacia desde su proceso de independencia. Tras algunos procesos de adhesión especialmente polémicos, como el de Chipre en 2004, el fallo del tribunal cierra todo un hilo argumental adaptado para la ocasión. Dicho relato consiste en que un Estado, el croata, que se habría visto obligado a escapar de Yugoslavia, alcanzó su independencia defendiéndose de la poderosa maquinaria del ejército yugoslavo, primero, y a partir de 1992 de las milicias serbias que expulsaron a los croatas de los territorios que controlaban. En 1995 el Estado croata logra imponer su ley en todo el territorio que reclamaba. La novedad que llega con el fallo del TPIY estriba en que en la limpieza étnica de los serbios de Krajina – la mayor, más rápida  y más eficiente de todas las guerras yugoslavas – no hay responsables individuales. La instancia subsecuente, la correspondiente a la responsabilidad estatal, ocupará a partir de ahora un lugar más entre todo un elenco de reclamaciones históricas europeas que, al no ser imputables legalmente, son y serán instrumentalizadas políticamente de cuando en cuando.

Las consecuencias de esta decisión tocan también a la propia institución del TPIY y al desarrollo del derecho penal internacional, al ser el tribunal todo un referente en ese ámbito. Por el lado de la fiscalía, la actuación de quien fuera fiscal jefe cuando Gotovina se encontraba huido, Carla del Ponte, no estuvo exenta de polémica. A las dudas que generó su actuación en el juicio contra Slobodan Milošević, se sumó su escasa cintura diplomática al enfrentarse directamente con el Vaticano cuando requería la presencia de Gotovina en La Haya.

Lo más inquietante no deja de ser, sin embargo, la disparidad de criterios que han regido las sentencias y actuaciones del TPIY desde su creación. Ello supone una merma en su credibilidad y lo convierte en una entidad vulnerable, tomando en cuenta los intereses políticos creados en torno a ésa institución. Sin embargo, las contradicciones de calado también se pueden encontrar dentro de las propias sentencias. En este caso, La decisión se tomó gracias al voto afirmativo de tres magistrados, dos de los cuales mostraron algunas objeciones. Los votos afirmativos cambiaron el criterio de la sentencia en primera instancia en un sentido que permite a los militares una lectura más amplia de los objetivos que ellos podrían considerar más técnicos. Se obvió el hecho de que el objetivo de la “Operación Oluja”, planteado por el entonces presidente croata, Franjo Tudjman, había sido la expulsión de los serbios de la zona. Por encima de ese hecho, la Corte de Apelaciones consideró que la huida de los serbios de Krajina había sido una consecuencia no prevista de operaciones puramente militares.

Frente a los anteriores, se presentaron dos votos negativos. El del juez maltés Carmel Agius plantea que no se consideró la totalidad de la evidencia disponible e introduce dudas en torno a la metodología utilizada. El italiano Fausto Pocar, por su parte, llega a afirmar que la decisión “contradice cualquier significado de justicia” .

Más allá de las argumentaciones de los dos jueces que se opusieron a la sentencia, es necesario destacar que disensiones tan profundas como las planteadas denotan fallos en la propia estructura del tribunal, derivada inevitablemente de las interacciones políticas previas a su constitución. Harían bien las grandes potencias en cuidar la credibilidad de instituciones como el TPIY, cuyo potencial para contribuir a la creación de una verdadera gobernanza democrática mundial es muy alto.

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